El intendente Pablo Bruera logró aprobar la primera ordenanza que la estión había puesto como meta para este segundo semstre. Ahora los explotadores de las antenas de telefonía celular, deberán pagarle a la comuna un cannon millonario. Hay puntos que generan dudas, en especial por el modo en que se consivió la medida.

En una sesión de media hora pero con algo voltaje político, el bloque oficialista que responde al intendente Pablo Bruera finalmente logró aprobar este miércoles la postergada modificación de la regulación de antenas de telefonía celular en la ciudad, en el marco del reinicio del ciclo legislativo tras el receso invernal.

Con cuatro horas de demora, la jornada parlamentaria comenzó promediando las 15, entre rumores que daban cuenta de las dificultades del bruerismo para llevar al recinto el polémico tema y aprobarlo con la mayoría simple de los miembros, proporción necesaria para que un proyecto sea convalidado cuando está incorporado en el orden del día.

Pero la discusión se dio, sobre el cierre de la sesión, porque la mayoría oficialista aprobó en dudosos términos el expediente 47.009, que según denunciaron los bloques opositores no había sido agregado al sumario del día en Labor Parlamentaria –tres de los cinco bloques se opusieron el último martes-, por lo que tenía que ser tratado “sobre tablas” y de este modo, avalado con los dos tercios de los concejales.

“El supuesto punto 20 no está en el orden del día correspondiente. La Ley Orgánica dice que para tratar una propuesta sobre tablas se necesitan los votos positivos de los dos tercios del cuerpo”, replicó, el titular del FpV-PJ José Arteaga quien mocionó que el expediente “vuelva a comisión o al orden del día correspondiente”, mientras otros ediles intentaban aclarar a los gritos “no hay punto número 20”.

Intentando hacer pie en el caos, el presidente del Concejo, Javier Pacharotti, aseguró que “el expediente cumplió todo el circuito legislativo” correspondiente y llegó a afirmar que en el sumario de sus concejales “si está el punto 20”, lo que a algunos observadores hizo pensar en la existencia de dos rutinas parlamentarias diferentes.

Desde el oficialismo argumentaron que el punto en cuestión se había agregado conforme al inciso 13 del artículo 14 del Reglamento Interno, bajo la figura de una “moción de privilegio” que permitiría dicha estrategia. Pero la justificación no alcanzó, por lo que se sumó al debate María José Garófoli de la Coalición Cívica.

“No hubo acuerdo sobre su incorporación en Labor Legislativa. No vamos a votar un expediente que ni siquiera conocemos ni hemos visto”, disparó la edil, al tiempo que Arteaga definía la votación como un “mamarracho” y amenazaba con que su bloque iniciaría una denuncia penal por “manoseo, mal uso del reglamento interno, y condonación de deuda encubierta”.

Puntos de vista

Las quejas de la oposición sobre el nuevo régimen de antenas se venían centrando en que, “permitirá a las grandes empresas de telefonía la instalación de sus antenas en toda la ciudad, sin detenerse en el peligro que esa tecnología trae sobre la salud humana”, mientras que desde el Ejecutivo comunal el tema estaba en el ránking de prioridades para incrementar la recaudación de las arcas municipales, por lo que entre otros aspectos, se estableció un canon de 7 mil pesos por derecho de instalación y 3 mil por inspección bimestral.

Otro de las cuestiones criticadas gira en torno a la deuda que las empresas de telefonía móvil mantienen con la comuna por los períodos 2005, 2006 y 2007. Según el bloque alakista la misma asciende a los 10 millones de pesos, mientras que el bruerismo acusó una deuda que apenas supera los 3 millones.

Según la ordenanza aprobada en la polémica sesión de este miércoles, la nueva regulación rige para sistemas radioeléctricos que funcionan con niveles superiores a los 200 Mhz, por lo que no alcanza a las emisoras radiales locales.

También se agregó una disposición transitoria que faculta al Ejecutivo a cobrar la deuda por los tres períodos mencionados y nuevos límites en las altura de las antenas según se instalen en el casco urbano –3 metros- y la periferia –15 metros-.

Según se informó desde el bloque oficialista, las declaraciones juradas de las empresas de telefonía presentadas hasta el momento indican que la firma Nextel tiene en la región 12 estructuras de antenas, Movistar 24 y Telecom dos.
Producido por: Agencia NOVA.