El intendente había entablado lazos con otros sectores políticos y gracias a ello logró comenzar a gestionar dentro del Concejo; pero ahora todo se le complicó y ninguna minoría avala sus medidas. Atanasof y Vaudagna ya le aseguraron que no aprobarán los próximos proyectos, por lo que el registro de construcciones ilegales, el rol del Defensor Ciudadano y la norma de publicidad en la vía pública, permanecerán sin ser aprobados.

Según trascendió ayer por la tarde en los pasillos de la municipalidad, el ejecutivo deberá volver atrás con las medidas que le iban a permitir recaudar más mediante el aumento y la modificación de antiguas normas.

La postura tomada por los Bloques conducidos por los concejales Oscar Vaudagna y Gonzalo Atanasof, ha significado un duro revés para el intendente y sus intenciones de gobierno. Ya que ambos “bandos” han definido una postura no aliancista hacia las iniciativas que Pablo Bruera deseaba implementar en la última sesión del Concejo Deliberante, previa al receso invernal.

Ahora la aprobación de los proyectos deberá ser replanteada ya que en caso de no ser sancionada, el oficialismo demostrará que no tiene los acuerdos necesarios para gobernar y desarrollar sus políticas de “cambio”.

Es por ello, que el proyecto para proscribir la ordenanza planeada por el ex intendente Julio Alak, la cual impedía la publicidad en las calles de la ciudad, será abordada desde el oficialismo sin demasiada intensidad, con el objetivo de enviarla a la comisión de Planeamiento, Tierras, Viviendas e Infraestructura Urbana, lo cual posibilite acordar con las minorías su implementación a la vuelta de las vacaciones.

Por otra parte, se supo que la implementación del registro de construcciones ilegales, lo cual parecía ser la opción más firme para ser aprobada, no convenció a los “minoristas”, quienes no querían dejar el registro abierto, tal como el Ejecutivo deseaba; sino que deseaban delimitar su accionar con la implementación de plazos concretos de acción. Es decir, permitir el control de las irregularidades en un lapso de tiempo estipulado en el concejo, pero no la implementación de un registro abierto.

Otro de los puntos a tratar en el concejo, es la modificación que se dio en el cuerpo del Defensor Ciudadano, para el cual el bruerismo quiere imponer un margen económico de acción que ronda los 400 mil pesos, un máximo de dos años de gestión y la oposición de sexos en el cargo de titular y adjunto.

Si bien para este proyecto, el intendente deberá contar con sólo la mayoría de concejales (13), la actual situación genera dudas en el armado político que conduce la ciudad, quienes tienen temor de recibir un nuevo golpe político, el cual termine marcando la imagen que los vecinos tienen del intendente; la cual repuntó esta última semana, pero que venía en una pendiente desde el comienzo de su gobierno.

Sin lugar a dudas, que lo ocurrido en la Cámara Nacional, con la derogación de la 125, hace asustar a cualquier político que tiene que luchar por la implementación de un decreto o la modificación de una ordenanza; y si a esto le sumamos las bajas de los “caudillos” que se creían propios, la debilidad es llevada al extremo. Por lo que no resulta para nada ilógico pensar que el intendente Bruera planteará una defensiva frente a la oposición, quien hará uso de su poder para imponer la voz de sus votantes, los cuales esperan menos vueltas y más acción de parte del gobierno, quien por ahora sólo piensa en recaudar para aumentar los sueldos de sus empleados y no en el conjunto de los vecinos, que aguardan soluciones para los problemas que se repiten cada día del año.