El gobierno bonaerense impulsará la modificación de la Ley 5.109, para imposibilitar que accedan a cargos públicos, personas implicadas en delitos de lesa humanidad. A su vez hay proyectos que apuntan a que directamente se reforme la ley orgánica de partidos políticos para evitar que puedan postularse como precandidatos en las internas partidarias.

Con el objetivo de que represores y violadores de los derechos humanos no puedan acceder a cargos legislativos y judiciales, fueron presentados este lunes proyectos para que a nivel nacional como provincial, se los inhabilite de por vida para ejercer la función pública a condenados, procesados o denunciados en este sentido.

La presentación del proyecto original la hizo la diputada nacional Victoria Donda Pérez, quien señaló que con su iniciativa se avanzará en la modificación de la Ley de Ética Pública, la legislación electoral y normas complementarias de manera tal que queden cerrados todos los caminos para quienes hayan figurado en su pasado como “usurpadores” del poder, abarcando un extenso arco que va desde los máximos jerarcas del Proceso, hacia quienes ocuparon cargos de directores en las distintas delegaciones y ministerios.

“La legislación apuntará a los condenados, los procesados y hacia quienes sin estar en estas dos figuras tengan suficiente prueba en su contra”, deslizó Donda, acompañada por la legisladora bonaerense del Movimiento Libres del Sur Laura Berardo y el intendente de La Plata, Pablo Bruera.