Es en el marco de la megacausa en la que se investiga la desaparición de personas durante un gobierno constitucional.

La justicia federal de Santiago del Estero ordenó la prisión preventiva y embargo de bienes por más de cuatro millones de pesos del ex gobernador Carlos Juárez, en el marco de la megacausa en la que se investiga la desaparición de personas durante un gobierno constitucional.

En la resolución judicial, el juez Guillermo Molinari dictó el procesamiento y prisión preventiva del veterano caudillo peronista de 91 años, al igual que varios ex jefes policiales, entre ellos Antonio Musa Azar, actualmente sometido a juicio oral por el denominado doble crimen de La Dársena.

Asimismo, el magistrado ordenó el embargó por 4.200.000 a los bienes de Juárez, en una medida que no tiene antecedentes contra un gobernador por delitos de lesa humanidad en un gobierno constitucional.

Las investigaciones fueron impulsadas desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, relacionada con la desaparición de personas durante el tercer gobierno constitucional de Juárez.

Se trata de la causa en la que Juárez, está acusado por los delitos de "autor intelectual de apremios y torturas" y de "jefe de asociación ilícita" en la desaparición de 30 personas durante el gobierno constitucional entre 1973/75.

La acusación a Juárez surgió cuando el ex fiscal federal Alberto Pravia, en un dictamen de más de 30 fojas, denunció "torturas y apremios ilegales" aplicados a ciudadanos considerados opositores al gobierno provincial.

Ante el revés judicial, los abogados defensores de Juárez, encabezados por el ex candidato a gobernador por el PJ, Francisco Cavallotti, anunciaron que este sábado apelarán la medida y presentarán una denuncia contra el juez federal Molinari.

En la actualidad, Juárez y su esposa, la también ex gobernadora Mercedes "Nina" Aragonés, destituida por la intervención federal de Pablo Lanusse (2004), viven en su residencia "La Rosita", ubicada a pocas cuadras de la plaza principal de la capital santiagueña.

Por otra parte, también se ordenó el procesamiento del ex jefe de Inteligencia santiagueño, Musa Azar, quien negó haber participado en torturas y desapariciones de detenidos antes y durante la última dictadura militar, aunque los archivos entregados a la justicia federal determinan lo contrario.

En la única indagatoria en la que Musa Azar accedió a declarar, dijo "no conocer" a las personas desaparecidas o presos políticos que denunciaron torturas durante la década del ’70 y en la etapa final de la tercera gestión de Juárez.

En la misma causa, también se encuentran procesados por los delitos de "privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio calificado", los ex comisarios Ramiro López, Juan Felipe Bustamante, Jorge D`Amico, Cayetano José Fiorini, Tomás Garby y Leopoldo Sánchez.

Inicialmente, el ex juez Angel Toledo, que renunció al cargo y se acogió a los beneficios de una jubilación para evitar un juicio político, había ordenado una serie de procedimientos.

Entre ellos, la exhumación de los restos de Consolación Carrizo, una de las víctimas enterradas en un cementerio de Arraga, que murió en extrañas circunstancias, tras su detención en la SIDE santiagueña.

Asimismo, un centenar de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad comparecieron en el Juzgado Federal de Santiago del Estero para permitir la extracción de sangre para un banco de datos de ADN.

Los exámenes serán comparados con los restos humanos que se sospecha que serán encontrados en los cementerios clandestinos de las localidades santiagueñas de Sumamao, Arraga, Pozo Hondo e Isla Verde, trámite que tampoco fue ordenado por Toledo.

Las excavaciones e inspecciones oculares también debían extenderse hasta los cerros de Guasayán, a 80 kilómetros al oeste de la capital santiagueña, en el que se presume que los desaparecidos eran arrojados de helicópteros, trámite que también sigue sin cumplirse.