En la Gobernación reconocen que no existe una política de personal y por eso implementaron un sistema informático para administrar los recursos humanos. "Si tenemos que hacer una obra, no sabemos cuántos ingenieros y arquitectos trabajan para el Estado provincial", aseguran

“Cada ministerio es una isla, y la Provincia es un archipiélago”. Con esta frase, un alto funcionario del gobierno de Daniel Scioli graficó a Hoy la situación que se vive en el Estado bonaerense, en el que comenzaron a instrumentarse algunas medidas para reordenar la administración de personal.

“No sabemos cuántos empleados tiene la Provincia. Por eso pusimos en práctica un sistema informático para que haya una política de personal, que hoy no existe”, agregó el funcionario. Se calcula que en la Provincia existen unos 450 mil trabajadores estables, y un número indeterminado de contratados. Las propias autoridades gubernamentales reconocen que no existen datos exactos, y tampoco pueden dar cuenta de cuánto es lo que gasta cada ministerio en sueldos.

Para tener un mayor control, las autoridades bonaerenses comenzaron a implementar, hace unos 15 días, un mecanismo informático denominado Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) -diseñado por personal del ministerio de Economía bonaerense-, que permitirá tener un contralor acerca de las licencias que se toma el personal, chequear el presentismo y determinar con exactitud cuántas personas se desempeñan en cada oficina.

Este sistema comenzó a aplicarse en el instituto de Previsión Social, contaduría general, tesorería, IOMA, secretaría general, ministerio de Salud (sólo en el sector administrativo) y tribunal de Cuentas.

“La falta de una política de personal hace que no sepamos, por ejemplo, cuántos arquitectos o ingenieros trabajan en el estado provincial. De esta forma, por ejemplo, podemos llegar a contratar un ingeniero para una obra pública, cuando pueden estar trabajando cuatro personas de esta profesión en una biblioteca”, sostuvo el funcionario.

Según afirman en la Gobernación, al encarar el reordenamiento administrativo se encontraron algunas sorpresas. Sin ir más lejos, en la secretaría general de Gobernación se le dió de baja al 50% del personal contratado (140 personas) ya que, según se informó, la dependencia podría funcionar sin problemas con menos personal. “El ahorro, en gasto monetario, supera ese porcentaje”, explicaron las fuentes.

En el gobierno provincial evitan hablar de ñoquis, aunque nadie niega que existan. Afirman que muchos de los contratos que fueron dados de baja, en realidad era personal político que dejó de cumplir tareas a partir del cambio de la administración. También destacan que, el pasado 31 de diciembre, fueron dados de baja todos los contratos de servicios (entiéndase personal que trabajaba bajo esa modalidad), y ahora cada ministerio debe informar cuántos de esos contratos fueron dados de baja definitivamente, cuántos se renovaron y cuántos ingresaron.

Ante este panorama, en enero pasado, el gobernador Scioli firmó un decreto mediante el cual se congelan las vacantes en la administración pública provincial, hasta tanto se acomode la situación. En rigor, este mismo decreto fue utilizado en reiteradas ocasiones por Felipe Solá, en el marco de la emergencia económica. “No sé cuáles habrán sido los motivos de la anterior gestión, pero a nosotros este decreto nos sirve para evitar que se designe más personal hasta tanto tengamos un diagnóstico claro de la situación”, concluyó el funcionario.