El debate oral por crímenes, torturas y desapariciones durante la dictadura en el Regimiento 9, comenzó ayer en la sede de la Cámara Federal de Corrientes. El inicio de las audiencias estuvo precedido por un enfrentamiento verbal entre organizaciones de DD.HH, familiares de las víctimas y allegados de los acusados.

La justicia federal de Corrientes inició este martes el juicio a seis militares, por crímenes, torturas y desapariciones durante la última dictadura en medio de un clima de fuerte tensión entre familiares de desaparecidos y organizaciones de Derechos Humanos y familiares y allegados a los acusados.

El debate se desarrolló en la sede Cámara Federal, en pleno centro de la ciudad de Corrientes y durante la audiencia de este martes se dio lectura a la acusación formulada por el Ministerio Público, que pidió el juzgamiento del ex Jefe del Ejército, Cristino Nicolaides y del capitán Juan Carlos Demarchi.

A ellos se los acusa de ser integrantes de una "asociación ilícita" organizada para tortura y matar a detenidos en el ex Regimiento 9 de Infantería.

Mientras que para Jorge Félix Aguiar, ex jefe del Regimiento 9; Roberto Romeo Bin, segundo jefe de esa unidad; Horacio Losito, ex agregado militar en la embajada argentina en Italia; el coronel Rafael Barreiro, que antes de ser detenido actuaba como jefe del Regimiento de Monte Caseros y para los gendarmes Carlos Piriz y Roberto Reynoso, el fiscal pidió que se los condene por el delito de partícipes necesarios.

Durante el debate que comenzó este martes a las 9, no estuvo presente Nicolaides, quien se encuentra internado en una clínica de la ciudad de Córdoba, debido a una afección cardíaca.

El tribunal integrado por Víctor Alonso (presidente), Lucía Rojas de Badaró, Gabriel Navarro y el conjuez Osiris Jantus, procedió a la lectura además de la resolución del juez solicitando el inicio del debate oral y público.

"Fue un trámite engorroso y lento, pero necesario", dijo a Télam el subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel.

El funcionario destacó que "empezamos a andar el camino de la justicia para los hechos aberrantes ocurridos en el Regimiento 9" y argumentó que "mañana (por este miércoles) será el turno del planteo de la querella y a partir del martes de la semana que viene, comenzará la ronda de testigos".

Vassel explicó que "a partir de la semana próxima los días de debate serán los martes y jueves" y se mostró "sumamente confiado" en que se habrá de lograr "el esclarecimiento de lo ocurrido en ese centro de detención y el castigo a los culpables".

Por su parte Tati Almeida, integrante de la Liga Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, puntualizó que "hemos dado un paso histórico con el inicio de este juicio, el primero en el interior del país, donde se juzgan los hechos cometidos por los militares durante la última dictadura".

Señaló que "fue muy duro escuchar todo lo que ocurrió y pensar que eso le estuvo pasando a nuestros hijos. Si bien todos conocíamos lo ocurrido, volver a escuchar los testimonios fue muy doloroso".

Almeida adujo que "después de escuchar lo que escuchamos hoy, si alguien todavía duda de que realmente ocurrió, es porque vive en otro país".

Junto a Almeida estuvieron además Lita Boitano, de la organización de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas; María José Guembe, del Programa de Verdad y Justicia de la Nación, las diputadas nacionales Diana Conti y Victoria Donda.

El inicio de las audiencias estuvo precedido por un enfrentamiento verbal entre representantes de organizaciones de Derechos Humanos y familiares de las víctimas y familiares y allegados de los militares acusados, que no llegó a mayores por la oportuna intervención de la policía provincial.

No obstante los manifestantes vinculados a los acusados, insultaron e intentaron agredir a una periodista del Canal 7.

"Justicia, Verdad y Castigo" fueron algunos de los gritos que resonaban en la intersección de calles Rioja y Pellegrini, sede del Tribunal Oral Federal.

A muy pocos metros, un grupo de familiares de los acusados y ex militares, defendían la "integridad moral" de los procesados y aseguraban no cometieron delito alguno, sino que defendieron al país de una "revolución marxista".

Los caldeados ánimos fueron subiendo hasta desembocar en agresiones físicas entre ambos grupos.

La causa por violación a los Derechos Humanos en el Regimiento 9 de Infantería fue reabierta en 1984 bajo el impulso de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, mientras que en noviembre de 2003 la familia de un desaparecido, Vicente Víctor Ayala, presentó una querella criminal.

Ayala desapareció en febrero de 1976 junto a Julio Barosi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Diego Romero, y todos ellos, según testigos, estuvieron alojados en el ex Regimiento 9.

En marzo de 2004 los familiares de Rómulo Gregorio Artieda presentaron también una querella criminal por su desaparición, ya que lograron acumular pruebas suficientes para determinar que fue visto con vida en el ex Regimiento 9, antes de su desaparición.

Posteriormente, el cuerpo de Artieda fue hallado por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense en un cementerio de la localidad correntina de Empedrado, donde había sido enterrado como "NN".

La primera ronda de testimonios del juicio se iniciará el 12 de febrero y se prevé que el juicio continúe durante cuatro meses.