Los senadores de la Coalición Cívica, Javier Mor Roig y Luis Malagamba, presentaron ante la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de solicitud de informes a fines de conocer detalles sobre el estado de situación de los vehículos secuestrados por las distintas dependencias policiales de la provincia. Según datos de la Universidad Tecnológica Nacional, en la ciudad hay unos 8.500 vehículos (4.000 de ellos en el depósito de Gorina, 2.900 en Los Hornos y 1.600 en los alrededores de las comisarías).

La iniciativa pregunta sobre la cantidad de vehículos que se encuentran secuestrados hasta marzo de 2009; la cantidad y ubicación de los espacios destinados al depósito de los mismos; las medidas adoptadas con respecto a los vehículos ubicados sobre la vía pública en las adyacencias de las comisarías y procedimiento para efectuar su remoción.

“Se ven frente a las comisarías numerosos vehículos secuestrados por orden judicial que permanecen allí por largos períodos. Esto genera la conformación de un verdadero cementerio de automóviles en plena vía publica, lo que genera numerosos trastornos para los vecinos y para quienes tienen la intención de estacionar o circular por las inmediaciones de cualquier dependencia policial”, planteó el titular del bloque.

Según datos que maneja la Universidad Tecnológica Nacional, la provincia tendría arrumbados 50.000 coches. En la Capital provincial hay unos 8.500 vehículos (4.000 de ellos en el depósito de Gorina, 2.900 en Los Hornos y 1.600 en los alrededores de las comisarías). En 2007 el gobierno provincial impulsó una modificación a la ley Orgánica de la Fiscalía de Estado para facilitar la remoción, la venta y la compactación o destrucción de los vehículos abandonados o sujetos a proceso judicial. Así, se creó una base de datos para los vehículos que hasta el 31 de julio del 2007 tuvieran más de 6 meses depositados o abandonados.

“El Ejecutivo bonaerense anunció un novedoso plan en el cual se procedería al desguace y compactación con un método que tendría en cuenta la preservación del medio ambiente, que se realizaría con la Universidad Tecnológica Nacional y con la Dirección Provincial de Automotores y Embarcaciones Oficiales. Hasta el día de la fecha las puertas de las comisarías siguen atestadas de vehículos y los depósitos judiciales se convirtieron en desarmaderos clandestinos”, explicó Malagamba.

“Esperemos que se concrete finalmente la experiencia anunciada por el Gobierno para resolver esta situación que se torna insostenible para todo aquel que se encuentra en cercanía de alguno de estos lugares”, finalizó Mor Roig.