Se hizo la audiencia pública. También analizaron la obra para Villa Elisa

Durante una audiencia pública que se realizó ayer en nuestra ciudad, autoridades municipales, legisladores, empresarios y dirigentes comunitarios de la región expresaron un amplio rechazo a los términos de la "carta de entendimiento" que suscribieron el ente nacional de renegociación de contratos (UNIREN) y la firma Coviares -concesionaria de la Autopista- previendo, entre otros puntos, una suba de los peajes.

El encuentro duró más de ocho horas, a partir de las puntuales nueve de la mañana. Poco más de un centenar y medio de personas llegó a la sala de conferencias ubicada en el primer piso del hotel Corregidor para participar de la reunión o seguirla a través de las dos pantallas gigantes que se montaron en sendos niveles del edificio de 6 entre 53 y 54.

El puntapié inicial del debate lo dio un representante de la UNIREN, desglosando los antecedentes histórico-jurídicos de la Autopista -proyecto, contratos, marchas y contramarchas desde 1983 hasta hoy- para desembocar en el actual preacuerdo que implica desafectar a Coviares de la construcción de la Autopista Ribereña en la capital federal; avalar una suba del 15 por ciento en las tarifas; pesificar las deudas de la firma con el Estado; y establecer un nuevo cronograma para la ejecución de varias obras pendientes, como los accesos del Parque Ecológico y la avenida 520, en nuestra ciudad.

Enrique Clutterbuck, en nombre de la Concesionaria Vial Argentino Española (Coviares), recordó que "en medio de la peor crisis inauguramos el tramo Hudson-La Plata", y se refirió a "una realidad reciente muy cambiante". En ese contexto, afirmó que "sin un contrato recompuesto" los accionistas "cien por ciento argentinos" de Coviares no tendrán acceso "al crédito que se perdió hace seis años y se necesita para invertir".

Tras destacar las que a su juicio son virtudes de la Autopista ("desarrollo regional, revalorización de terrenos, expansión de la frontera laboral, acortamiento de tiempos de viaje y reducción de accidentes"), Clutterbuck dijo que ya se invirtieron U$S 750 millones, y que "la concesión es fundamental para el repago de las obras ejecutadas". Según el empresario, "con el peaje congelado desde 1995 -mientras el asfalto, por dar sólo un ejemplo, subió un 400 por ciento-, y un flujo vehicular que recién este año alcanzó las estimaciones previstas originalmente", aún no se solventaron las obras ejecutadas.

RECHAZO AL AUMENTO

Tras escucharse la lectura de un comunicado del Defensor del Pueblo de la Nación, pidiendo la adecuación de las pasarelas peatonales para los discapacitados, tomó la palabra el ómbudsman local Gustavo Galland. En sintonía con los vecinos de la zona Norte, rechazó de plano el aumento en los peajes -pasarían de $3,80 a $4,40, a partir de enero próximo, para quienes unan La Plata y la capital federal, y de $1,90 a $2,20 para quienes pasen por un solo peaje-; pidió que se fijara fecha para la concreción del distribuidor en el camino Centenario; apoyó la moción de "resarcimiento social" -los villaelisenses piden que Coviares levante un hospital con los fondos de "peajes mal cobrados"-; y subrayó que "no hay excusas para más demoras, ya que la carta de entendimiento es altamente beneficiosa" para la constructora. "Si hay incumplimientos, accionaremos en la Justicia" advirtió Galland.

Después del ómbudsman, la intervención del consultor Pablo Belenky -en carácter de "particular interesado"- puso en ascuas a más de uno de los presentes con su encendida defensa de las pretensiones económicas de la concesionaria y la caracterización de los usuarios de la Autopista: "tienen un ingreso promedio familiar de 5 mil pesos mensuales", disparó. Sus conceptos fueron duramente rebatidos por Ricardo Lasca, del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, que se ganó los primeros aplausos de la jornada al señalar que "la tarifa actual es un disparate si se toman en cuenta los kilómetros recorridos" y que "la carta de entendimiento sólo beneficia a Coviares". Además, propuso cambios en el mecanismo de peaje y tachó al Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) de "defender sólo los intereses empresariales".

En la misma línea, el diputado provincial por el Frente Renovador Pablo Bruera fustigó a Coviares -"sorprende que tengan argumentos tan limitados para justificar sus incumplimientos"- y conminó: "si pierden plata, que dejen la concesión". Criticó al oficialismo municipal, la UNIREN y el OCCOVI, y pidió "mayor respeto a la opinión vecinal a la hora de tomar decisiones". Además, propuso que los residentes en la zona Norte platense no paguen peaje "hasta dos años después de que se finalice la bajada de Villa Elisa", y que "se cobre una tasa a la concesionaria de la Autopista por el deterioro de vías como la diagonal 74".

Según evaluó por su parte el intendente Julio Alak, "la conexión entre la Autopista y el Centenario costaría 24 millones de pesos, una suma irrisoria en el universo de gastos que demanda la concesión. El jefe del Ejecutivo subrayó que el municipio "se opone firmemente a cualquier aumento de tarifas", y distinguió a las bajadas de Villa Elisa y avenida 520 y 120 -"cuya traza ya está liberada"- como "prioritarias", pidiendo el inicio de obras para el mes próximo.

El titular de la Federación Empresaria de La Plata, Mario Turkenich, habló de "asumir el riesgo empresario", y diferenció "el trato que tienen las PyMES cuando atraviesan momentos durísimos" de "las amplias oportunidades de resarcir pérdidas que acuerdos como el que se plantea les brindan a las grandes firmas".

También hicieron uso de la palabra, entre otros, los concejales Oscar Negrelli, Alicia Tórtora, Jorge Campanaro e Iván Maidana; el agente inmobiliario Enrique Basla; los periodistas Teódulo Domínguez y Ernesto Arriaga; encuestadores y consultores; el secretario de Obras Públicas de Ensenada, Mario Ronco; el ex concejal Edgardo González; el presidente del Club Universitario -Ricardo J. Ferrer-; Juan Adolfo Vaccarini, del Centro de Fomento Barrio Jardín -Villa Elisa-; y el diputado provincial por el FpV-PJ Carlos Bonicatto.

Eduardo Negri, del Foro de Seguridad de Villa Elisa, describió la situación como "indignante" y el cobro de peaje como "un fraude social". En el mismo sentido se expresaron Eyra Reyes, de la Comisión Vecinal y Biblioteca Popular de Gonnet-Bell, y Gabriel Nauda, del Centro de Comercio, Industria y Producción de Villa Elisa: "al no ser vinculante, la audiencia es como permitirle al reo condenado que diga sus últimas palabras pero con la sentencia ya dictada".