El Diputado provincial, Raúl Pérez, tiene un mal presente y un futuro aun peor. Es que gracias a movidas políticas logró “zafar” de prestar declaración en la causa que lo acusa de enriquecimiento ilícito. Bruera no le dio el sí para ser el segundo en su lista, con lo cual si no es reelegido podría ser detenido y pasar ocho años tras las rejas>>

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, Raúl Pérez fue citado a declarar, el pasado 20 de abril a las 9 de la mañana por la titular del juzgado de Transición N° 4 de La Plata, Carmen Palacios Arias, pero en pocas horas su expediente fue quitado de la investigación y remitido directamente al Tribunal de Casación bonaerense, en donde hace años que no se mueven las causas.

Aun así, Pérez aun no “zafó” definitivamente de la Justicia, ya que si su mandato se termina este año, es decir si no es reelegido, se convertiría en un “ciudadano normal”, con lo cual no tendría el amparo de jueces, abogados y personajes de poder. Esta situación a la que se afrontará el Diputado si Bruera le cierra la puerta y le impide ser el segundo de su lista, le complicarían el futuro a Pérez, quien podría pasar ocho años tras las rejas.

Vale aclarar que las actuaciones por enriquecimiento ilícito comenzaron en 1997 cuando el “cabezón” presidía el Concejo Deliberante de La Plata, en donde hacía lo que quería, con los millones que el CD recibe anualmente para manejar su agenda.

Ante la contundencia de dos pericias contables -que le complicaban el panorama al alakista devenido en bruerista, cuando el ex intendente Julio Alak, lo echó de sus filas-, en 2004, Pérez ya había sido citado por la jueza Palacios Arias. Pero la defensa apeló y la Cámara y la Suprema Corte avalaron la resolución de la magistrada. Claro que la causa regresó al juzgado recién en marzo último. Y para cuando la jueza dispuso la audiencia con el diputado el 20 de abril, el Diputado hizo uso y abuso de su poder, y amparándose en una ley provincial impidió la continuidad de los juzgados de Transición.

Para tener una magnitud de lo que Pérez logro, sólo basta aclarar que en la provincia de Buenos Aires hasta la semana pasada, había más de 10 mil causas judiciales tramitadas por los juzgados de Transición creados hace once años cuando se reformó el Código Procesal Penal. Para poner freno a esta situación, la Legislatura bonaerense aprobó una ley que dispone la disolución de esos órganos “subsistentes” y la Suprema Corte de Justicia fijó el 31 de diciembre de este año como fecha límite para el cierre de todos los expedientes.

Los juzgados de Transición fueron creados en 1998 para hacerse cargo de la tramitación de 520.315 causas “residuales”, es decir, aquellas que quedaron del sistema penal que rigió hasta la reforma procesal realizada ese año. Y desde entonces fueron cerradas gran parte de ellas, pero aún quedan más de 10 mil causas, de las cuales cerca del 10% corresponden al departamento judicial La Plata.

La semana pasada, delegó en las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal la concreción de las tareas de disolución de los juzgados, la conformación de secretarías de Transición (que tendrán a su cargo el trámite de las causas que se encuentren pendientes de resolución) y la distribución de los expedientes.

Además, la Corte instó a los magistrados a “aunar esfuerzos” para el cumplimiento efectivo de los plazos procesales y la finalización de las causas en trámite “antes del 31 de diciembre” de este año.

En concreto, las causas serán sacadas de los juzgados de Transición y pasarán, no a manos de los fiscales, según el espíritu del nuevo código, sino a cargo de los Jueces de Garantías, quienes no instruyen causas desde hace once años, ni tampoco están facultados legalmente para hacerlo.

¿Y el caso del diputado Pérez? Ocurrirá lo mismo que con otros resonantes expedientes, como la investigación del brutal crimen del subcomisario Jorge Gutiérrez, hermano del diputado nacional Francisco “Barba” Gutiérrez o el supuesto enriquecimiento ilícito de varios jefes policiales como el ex procesado del caso AMIA, Juan José Rivelli: todos estos expedientes irán a un supuesto sorteo que realizará la Cámara Penal y luego se distribuirán entre los Jueces de Garantías.

Fuentes judiciales informaron que en La Plata, estos jueces ya adelantaron una propuesta a la Cámara. Plantearon que la causa por el crimen de Gutiérrez vaya al juzgado del doctor Guillermo Atencio. Y la del diputado Pérez, al juzgado de César Melazo. ¿Y el supuesto sorteo? Sorteo, que por ley, debería ser “objetivo y público”, surgiría ya con algunas causas repartidas de antemano.

Es por demás ilustrativo, que en apenas un expediente, de enormes implicancias políticas e institucionales como el caso Pérez, queda al descubierto los resortes más oscuros del andamiaje judicial, donde en apariencia se publicitan cambios, para que nada cambie. Demasiados años, sin resoluciones concretas. Y si no prescribe la acción, es porque el delito lo impide, cuando se trata de funcionarios, como el diputado K, que comenzó con un pequeño Fiat y ahora, ante la justicia no da cuenta -porque no quiere, o no puede-, de lujos, excentricidades y bajezas.
Por Diario Hoy e