El plan incluye a la autopista Buenos Aires - La Plata. Para la próxima temporada veraniega el sistema estaría funcionando a pleno.

El receso legislativo y la discusión respecto de algunos aspectos de la nueva normativa del tránsito retrasaron los planes originales, pero desde el gobierno provincial aseguran ahora que a fines de marzo comenzarían a realizarse controles de velocidad en las rutas a través de los polémicos radares. Ya estaría diseñado el plan para que el sistema comience a funcionar en los accesos a la Capital Federal (incluida la autopista Buenos Aires-La Plata), en los caminos que van a la Costa Atlántica (en especial, la ruta 11 y la autovía 2) y en las rutas 3 y 11, que conectan la ciudad de Buenos Aires con el sur y el norte del país.

“Falta crear juzgados de faltas, pero ésa es una medida meramente administrativa. La idea es que el sistema termine de instrumentarse antes de fines de año, antes de la próxima temporada de verano”, adelantaron voceros del gobierno.

La decisión de Felipe Solá de declarar la emergencia vial se hizo pública el 19 de enero pasado, paralelamente a la difusión de cifras escalofriantes sobre muertos por accidentes de tránsito: desde el 1º de enero y hasta la fecha del anuncio, hubo 45 accidentes en las rutas que van a la Costa Atlántica, que dejaron 11 muertos, según datos de la superintendencia de Seguridad Vial bonaerense. La cifra es superior a la de 2006: en todo enero de ese año hubo 36 accidentes y 10 muertos. A la vez, la cantidad de heridos graves casi se duplicó respecto de 2006: desde el 2 al 19 de enero de este año hubo 11 heridos de gravedad contra 6 del año pasado.

Para colmo, 2006 fue récord: Buenos Aires encabezó el ranking de accidentes de tránsito, con 3.062 muertos sobre 7.500 de todo el país, un promedio de 21 muertos por día. Y con respecto a 2005, había aumentado en un 5,6%.

El nuevo Código de Tránsito -que deberá ser aprobado por la Legislatura- crea la Justicia de Infracciones de Tránsito provincial, reanuda el uso de radares y cámaras para controlar y sancionar el exceso de velocidad, y promueve el fortalecimiento del Registro Unico de Infractores de Tránsito.

Además, dispone la incorporación de 500 oficiales a la Policía de Seguridad Vial, un incremento de fondos para pagar el recargo de servicios al personal policial e incluye la educación vial en los niveles preescolar, primario y secundario.

La información sobre infracciones y sanciones -que abarcarán desde amonestaciones hasta arrestos- deberá ser enviada por los jueces al registro.

El registro, que impediría que una persona obtenga en un distrito diferente del suyo una licencia de conducir sin cumplir los requisitos, funciona desde abril de 1995, pero en estos años no logró conformarse la base de datos. De acuerdo con el nuevo código, los magistrados podrían ser sancionados si no envían la información. Además de incluir la educación vial en la enseñanza formal, se promoverán orientaciones y especialidades en las enseñanzas técnica, terciaria y universitaria.