El Gobierno bonaerense les propuso una mejora de 60 pesos en dos cuotas de 30: una en marzo y la otra en agosto.

Los gremios que nuclean a la docencia estatal bonaerense rechazaron ayer una oferta de mejora salarial del Gobierno provincial consistente en una suba escolanada de 60 pesos que se aplicaría en dos cuotas de 30, el 1º de marzo y el 1º de agosto. La propuesta, que redondearía un incremento del 7 %, está lejos de la expectativa de los gremios, que aspiran a superar el 30 %. Así, se mantiene en pie el conflicto que pone en riesgo el inicio de clases. No obstante, funcionarios y gremialistas acordaron continuar las conversaciones de aquí al 20 de febrero, la fecha que pusieron los educadores para resolver si van al paro en marzo.

En la negociación paralela que mantiene con los otros gremios de la administración pública, la Gobernación también ofrecería un aumento del orden del 7 %.

El plan de incremento fue presentado en el marco de la negociación paritaria que desarrolla el Ejecutivo con las entidades docentes (Suteba, Feb, Uda y Amet) desde fines del año pasado. En aquel momento, el Gobierno rechazó el pedido de mejora y el final del ciclo 2006 quedó complicado por 7 paros. Ahora, la Provincia busca una salida pero quedó lejos de la exigencia gremial: el Frente quiere la suba a 1.150 pesos en el sueldo de inicio del cargo de maestro de grado, que está en 840 pesos, y el ingreso al básico de 225 pesos que ahora se cobran como sumas remunerativas.

De acuerdo con lo que se informó desde la Gobernación, la suba ofertada ayer llevaría el sueldo testigo a 870 pesos en marzo (el básico pasaría de 455 a 485 pesos) y a 900 en agosto (llegará a ese nivel con un adicional de 30 pesos no remunerativo).

Ante los referentes sindicales, Otero expresó que allí se agotan las posibilidades financieras de la Provincia para el ejercicio 2007, ya que ese aumento demandaría una inversión de 590 millones de pesos, casi el total de la partida (600 millones) con la cual se piensa atender la demanda de incrementos de toda la administración pública. Los 260 mil docentes que tiene el sistema (entre públicos y privados de colegios con asistencia económica estatal) representan la mitad del plantel de empleados estatales.

Para satisfacer la demanda de los gremios docentes, el Gobierno debería inyectar 2.000 millones de pesos sobre el presupuesto educativo de 9.600. Tras la reunión en la que participaron también la directora general de Cultura y Educación, Adriana Puiggrós, y el titular de Trabajo, Roberto Mouillerón, la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, señaló que la respuesta al pedido "es insuficiente y fue rechazada por los sindicatos. Ni siquiera amerita ponerla a consideración de los docentes", afirmó.

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, dijo que se espera por una nueva propuesta porque la de ayer es "inadmisible". El gremialista advirtió que si no se logra un acercamiento en los próximos días "habrá conflicto en el inicio de clases". Petrocini agregó que el diálogo sigue abierto: "esta oferta es una aproximación y no descartó -Otero- que haya otra como para llegar al 20 de febrero con números superadores".

En la misma línea, Otero aclaró que "no cerramos la negociación con esta oferta. Es el punto de partida del análisis salarial". El ministro analizó que los docentes al plantear la suba del ingreso mínimo y el blanqueo de adicionales "hicieron un pedido de máxima, pero las dos cosas no se pueden atender". En Economía consideran que hay posibilidades de llegar a un mínimo más alto "con alguna cifra no remunerativa".

El ministro recordó que el margen de maniobra con los recursos previstos en el Presupuesto 2006 para atender las demandas salariales está acotado por la cobertura del aumento de las asignaciones familiares, dispuesto a fines de 2006 por el Gobierno nacional (con la ayuda escolar suma 100 millones de pesos).

Por otra parte, Otero defendió la política salarial de los últimos años aclarando que Buenos Aires "es la única Provincia del país en la que el cien por ciento de los conceptos que se cobran son remunerativos y tiene un básico superior al de numerosas jurisdicciones".

La puja con los docentes también está condicionada por el desarrollo de la negociación que sostendrá el Ministerio de Educación de la Nación con los representantes de la central nacional Ctera en los próximos días. Se calcula que esa entidad (de la que forma parte Suteba) pediría en las próximas horas la elevación del salario mínimo al nivel que viene pidiendo el Frente Gremial (Suteba, Feb).

En la Provincia no descartan que la Nación pudiera establecer ese piso para todo el país. Otero aclaró ayer que la administración Solá se maneja dentro de los márgenes que ofrece la economía Provincial: "en ningún momento se planteó un pedido de ayuda a la Nación, queremos tener una política salarial responsable", indicó.

Petrocini apuntó que en el Frente "esperamos la definición de la Nación" en materia salarial. Después, insistió en que hay más espacio para negociar, pero recomendó al Ejecutivo "esmerarse más para acercar los números". Los gremialistas volverán a reunirse con los ministros el jueves 15. Cinco días después, en función del avance de las negociaciones y una consulta general sobre la última oferta, los docentes definirán si van a dar clases el 5 de marzo.

Puiggrós, sostuvo luego del encuentro en el Ministerio de Trabajo que "teniendo en cuenta la situación financiera de la Provincia y la incidencia de cada aumento salarial en el presupuesto, el Gobierno está haciendo un esfuerzo enorme" por satisfacer a los docentes.

Para la titular de Educación, pese a las distancias que evidencian los números, la de ayer "fue una reunión buena porque una vez más se ratifica que la mesa de paritarias es el marco propicio para discutir". La funcionaria aseguró que "se abre una puerta para obtener un acuerdo pronto y garantizar el inicio de clases".

En otro orden, Puiggrós indicó que más allá del disenso en la cuestión salarial "hay consenso en otros temas importantes". Destacó en este sentido que la mesa paritaria avanza en el diseño de un nuevo examen preocupacional y la reelaboración del catálogo de enfermedades que guía la asignación de carpetas médicas. En este marco también se debate sobre la extensión de las licencias.