Agrupaciones de desocupados se movilizaron en Capital Federal y pidieron aumentos en los subsidios.

Agrupaciones de desocupados se movilizaron en Capital Federal y pidieron aumentos en los subsidios. Pero atacar la desocupación requiere soluciones de fondo, porque es un problema estructural. Planes de capacitación, búsqueda de nuevos mercados, creación de cooperativas, son algunas respuestas posibles

Ayer, luego de meses de relativa quietud, agrupaciones piqueteras opositoras al Gobierno organizaron una marcha en la Ciudad de Buenos Aires: reclamaron un subsidio de 400 pesos para desocupados y una bolsa de trabajo de obras públicas.

La marcha fue parte de un reclamo que lleva una década, aunque perdió fuerza en los últimos años, a partir de la multiplicación de los subsidios y sobre todo la creación de nuevas fuentes de empleo. Más allá de la intencionalidad política que pudiera asignarse a esas organizaciones sociales, el problema de fondo es que la mayoría de los desocupados está marginada del mercado formal desde hace muchos años, y los índices de desempleo siguen siendo altos: 10,1% en el promedio de aglomerados urbanos de todo el país, 12,1% en los partidos que rodean la Capital Federal, y 11,5% en el Gran La Plata.

¿Cómo integrar a esa mano de obra ociosa al mercado laboral?


El economista Enrique Martínez plantea que no es posible atacar el problema de la falta de empleo como lo hacen Estados Unidos, Japón y algunos países europeos, donde consideran que el crecimiento del empleo es un subproducto de la creación de riqueza, y mientras la rueda no genere mayor actividad económica, a los desocupados se los debe ayudar con dinero, bienes de consumo o esquemas de capacitación que aumenten su empleabilidad. Sucede que, en la Argentina, el desempleo no es transitorio sino permanente, y los recursos del Estado son mucho más modestos.

Martínez sugiere -en su libro El Fin del Desempleo- identificar la demanda potencial de un producto o servicio en el mercado local o externo y crear oferta para satisfacer esa necesidad. De esa forma, las empresas tradicionales o de economía social tendrían mayores chances de ser sustentables. Incluso cuando la demanda insatisfecha no es solvente, porque es la de los propios desocupados, entonces la propia remuneración de los trabajadores ayudaría a hacer sustentable esa oferta.

En esa veta trató de meterse el Plan Nacional de Desarrollo local, que dio marco, en 2004, a proyectos de capacitación y asistencia financiera para creación de microempresas por parte de desocupados. ¿Cuál fue el resultado de esa experiencia? Dos investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento -Sergio Drucaroff y María Victoria Padín- realizaron un estudio sobre un grupo de 40 personas que se inscribieron en una de las instituciones habilitadas en el partido de Ezeiza.

De ese universo, distinguieron dos grupos:

Uno de 10 “nuevos pobres”: personas provenientes de clase media o media baja, con experiencia laboral, nivel de instrucción aceptable y un círculo de relaciones sociales de mediano poder adquisitivo.

Otros 30 “pobres estructurales”: de escaso nivel de instrucción y poca o nula experiencia laboral.

El primer resultado del estudio fue lapidario: sólo dos de los “pobres estructurales” pudieron superar la etapa de mera formulación del proyecto, mientras que los “nuevos pobres” tenían pocas dificultades para identificar nichos de negocios y tenían habilidades manuales o intelectuales, una cultura de trabajo y un entramado de relaciones sociales que les facilitaba bastante su reinserción en la sociedad.

Este tipo de estudios incidió en la formulación, por parte del Gobierno nacional, de una segunda etapa del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Los actuales beneficiarios deberán optar entre dos nuevos programas:

Familias: destinado a pobres con escasas posibilidades de reinserción al mercado de trabajo. La prioridad es asegurar la salud y educación de sus hijos, para que ellos puedan aspirar a integrarse al mercado de trabajo.

Seguro de Empleo y Capacitación: busca que los “nuevos pobres” y el segmento de menor edad de “pobres estructurales” se reinserte en el mercado laboral luego de un programa de capacitación. Sería en empresas constituidas o a través de la generación de alternativas de autoempleo, como microempresas o cooperativas de trabajo.

Esta alternativa es coherente con la pretensión del Gobierno de instaurar un modelo “productivo” que reemplace al de la especulación financiera que reinó en los ‘90.