Por Eduardo Fidanza

Por Eduardo Fidanza
Para LA NACION

La caída de Aníbal Ibarra tuvo un rasgo peculiar, que parece contradecir la confianza que el marketing político deposita en las encuestas de opinión. En este caso, los sondeos favorables y unánimes, que desaprobaban el juicio político en contra del jefe de gobierno, de nada sirvieron a la hora de impedir el derrumbe. Ibarra, sin embargo, los esgrimió hasta el final, argumentando que los ciudadanos de Buenos Aires estaban a favor suyo y de su causa. No sabemos si obnubilado por el resplandor de los porcentajes o, más llanamente, mal aconsejado, extrajo en esa circunstancia límite una conclusión difícil de sostener: haber sido víctima de un "golpe institucional".

Lo cierto es que, en el momento de la verdad, nadie se movilizó ni puso el cuerpo en su defensa. Corolario previsible, aunque no siempre verificable: la "gente", elevada por las encuestas a actor político privilegiado, no equivale a los ciudadanos conscientes, comprometidos y movilizados. Para salir a la calle hay que exhibir una decisión y asumir un riesgo de índole muy diferente del que toma alguien que, cómodamente, responde a una consulta telefónica amparado en el anonimato. Esta distinción diferencia a los militantes de diversa laya y a los ciudadanos de a pie que reclaman por sus derechos, de los opinantes de salón que responden encuestas. La vieja psicología social norteamericana, hoy obsolescente, ya lo enseñó hace muchos años al establecer la diferencia entre "opinión" y "actitud".

¿Quiénes mostraron "actitudes" y no meras "opiniones" en el desenlace del caso Ibarra? Es muy claro: los llamados "padres de Cromagnon", que, entre furiosos y angustiados, se exhibieron ante los medios de comunicación golpeando, cual tábano socrático, sobre el lomo de las instituciones y de los televidentes de la ciudad. No importa tanto aquí si los asistía la razón, sino el hecho de que se constituyeron en actores decisivos en el desarrollo y desenlace de los hechos.

Desde el punto de vista sociológico y político, aunque bajo otro aspecto, el caso de la llamada "asamblea ambientalista de Gualeguaychú" es similar. En efecto, se observa aquí otra vez a núcleos de ciudadanos movilizados en defensa de lo que consideran sus derechos, contradiciendo los deseos subyacentes de un gobierno popular y la "opinión pública" del grueso de la población argentina. Al igual que en el caso Cromagnon, esta movilización se ha convertido poco menos que en el factor condicionante crucial para llegar a una solución.

El ataque furioso de pobladores y sindicalistas a un puesto policial en Las Heras (Santa Cruz), con el saldo de un policía muerto; la revuelta de productores en San Vicente (Misiones), que concluyó con la intendencia incendiada y el jefe comunal prófugo; el violento enfrentamiento entre trabajadores sindicalizados en Neuquén, con heridos y contusos, son, entre otras muchas, escenas de una realidad social local cruzada por pasiones y conflictos de intereses que permanece ajena a la atención general.

No es una exclusividad argentina. Sobre el escritorio de un presidente, o de un gobernador de una provincia superpoblada, dominan las preocupaciones (y los datos) macro: los grandes titulares de los diarios, las cifras agregadas de la contabilidad nacional o provincial, los porcentajes de las últimas encuestas de opinión pública, el precio de la divisa, la evolución diaria de los valores de los índices considerados decisivos (precios al consumidor, PBI, actividad industrial, recaudación fiscal, niveles de ocupación y pobreza, etc.). Las preocupaciones centrales son acordes con esa información, global y sintética: conservar la iniciativa, diseñar estrategias y políticas efectivas para mantener el poder y ganar las próximas elecciones, no perderles pisada a los grandes columnistas y editores, etcétera.

Conviviendo con esas preocupaciones generales, todo dirigente de ley se desvive por el armado minucioso de la trama política: las alianzas con (y las cooptaciones de) dirigentes locales; los enjuagues y acuerdos con "operadores", la escucha atenta de los incondicionales, la intervención directa -cuando es factible- en las más diversas internas a diferentes escalas.

Sin embargo, lo que caracteriza a la gestión moderna de los presidentes es lo macro. Esta escala de actuación y abordaje, que en buena medida se debe a razones técnicas y culturales, está condicionada sin embargo por premisas que deben cumplirse a rajatabla, a riesgo de escorar el barco; por ejemplo, para nuestra circunstancia: que no se dispare la inflación o el dólar, que no suceda una corrida bancaria, que no haya muertos. Estos contratiempos pueden hacer saltar al sensor que mensura y legitima a los gobiernos: el índice de popularidad.

Los presidentes argentinos de esta época, si los grandes números marchan bien y si no hay muertos, duermen tranquilos. Los índices están de su parte, "la macro" les sonríe: la económica, que se sintetiza en unas pocas variables, y la sociológica, que entregan a diario las encuestas nacionales de opinión.

El resto, por cierto, no es fácil -ser presidente es una de las actividades más estresantes-, pero con esas distracciones la atención del primer mandatario permanece ajena a hechos concretos y sufrimientos locales. Los vidrios polarizados, los helicópteros y aviones, los amplios parques y jardines, los custodios, se ocupan de mantener las distancias. (Para ser justos, Kirchner suele escenificar la transgresión de estas vallas, pero, que sepamos, lo hace siempre con los riesgos calculados y sólo cuando intuye que subirá con ello su cotización pública.)

La gestión de gobierno es extremadamente compleja en el mundo actual y no se la debe simplificar. Tampoco es justo responsabilizar a los gobernantes por los vidrios polarizados, que después de todo se han democratizado. En rigor, la desaparición progresiva del Estado nación, como categoría de análisis y comprensión de la realidad; la crisis de representación, la tensión creciente entre identidades locales y globales, los conatos permanentes de democracia directa, la menguada capacidad de los gobiernos para procesar demandas cada vez más complejas y diversas, constituyen los datos del problema que enfrentan los gobernantes a diario cuando ocupan sus butacas. Son el núcleo duro que condiciona la gobernabilidad. A ello hay que agregar su subjetividad y la capacidad que posean para sobrevivir a los problemas y atravesarlos.

Sin embargo, algo parece estar fallando -urbi et orbi- en la evaluación de la información que circula, o debería circular, por las entrañas de los gobiernos. Para poner un ejemplo reciente: ¿conocía Bush la precariedad y los riesgos de Nueva Orleáns ante los azotes de la naturaleza? ¿Es concebible que no los conociera? ¿Y si los conocía, por qué su administración no actuó a tiempo, evitando o minimizando el desastre?

Y nuestro Ibarra, ¿tuvo noción alguna vez de que gobernar una ciudad como Buenos Aires requiere algo más que una visión macro, con mucho ingrediente mediático? ¿Evaluó que la institucionalización de la ciudad a partir de 1996, si bien tuvo muchas virtudes, no pasó de ser una cosmética, que evitó plantear la reforma a fondo de una administración que había sido hasta entonces el patio de atrás del gobierno nacional? Los dirigentes que tuvieron responsabilidad de gobierno en ese ciclo, la mayoría de ellos honestos, valiosos e inteligentes (y no excluyo a Ibarra), ¿no supieron, no quisieron o no pudieron ponderar la hondura del problema?



Las encuestas, los índices que con ellas construyen economistas y sociólogos, y los titulares de la prensa, son como el alcohol o las drogas. Ya sabemos: el primero, en cantidades razonables y calidades adecuadas, permite distenderse y disfrutar de la vida; las drogas, en dosis supervisadas por el médico, alivian el dolor o curan enfermedades. Fuera de esos límites, ambos llevan al efímero bienestar, generan adicción y contribuyen a distorsionar la realidad.

Lo evidente, cuando las cosas marchan bien, es agradable de percibir; lo subyacente es inevitablemente más complejo, tanto en la política como en la psicología: no es fácil conectarse con él y puede, por secreto, contener evidencias desagradables o fulminantes. Su irrupción suele ser inesperada. La sorpresa deja sin margen de maniobra.

Ibarra creyó que con las encuestas se salvaría. Que el pueblo estaba de su parte. Perdió sensibilidad para mensurar otras variables del problema que enfrentaba (la fortaleza política objetiva, la calidad de la gestión, la potencia carismática y la capacidad de coacción de los que aparecen como víctimas, etc.) Tampoco pudo reparar -y allí le fallaron los asesores- en la diferencia entre opinión y actitud. Se desplomó mirando un espejismo; perdió noción de la complejidad de lo real. Pero no cometió un error personal; incurrió, más bien, en un vicio profesional emblemático.

Moraleja: los Cromagnones, las muertes de las Marías Soledad Morales, de los Kostekis y los Santillanes tienen la fuerza de derribar gobiernos. Operan como terremotos políticos. Exhiben las tensiones, injusticias, enfrentamientos ajenos al ojo del Gran Hermano mediático, del que los políticos se han vuelto adictos. Son las furias subterráneas que, por desatendidas, un día saltan súbitamente a escena destrozando lo macro y sus ilusiones.

El autor es director de la consultora Poliarquía